Examen Periódico Universal: las deudas pendientes de Chile en derechos humanos
CC BY-SA 4.0 Carlos Figueroa
En abril próximo tendrá lugar la 46° sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en que el Estado de Chile se someterá al Examen Periódico Universal (EPU). Derechos Digitales ha participado de cerca en dicho proceso desde 2018 mediante la elaboración de distintos reportes que dan cuenta del desempeño del país en la protección de los derechos humanos en el entorno digital.
El EPU es un mecanismo único que tiene lugar cada cuatro años y medio, y que permite a los Estados evaluar entre sí sus progresos y deudas pendientes en materia de derechos humanos. Aun cuando ellos son protagonistas, la sociedad civil tiene un rol primordial al informar a los Estados evaluadores, de manera independiente, sobre los rezagos o deudas pendientes para la satisfacción plena de los derechos en un país determinado.
Por eso, tal y como hicimos en el EPU anterior, Derechos Digitales participará nuevamente de este ciclo de evaluación a Chile, que da cuenta de las acciones y deudas pendientes de ese Estado desde el año 2019 y hasta el 2023. Para ello, hemos elaborado dos reportes, uno en conjunto con la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones APC, y otro con Miles Chile y Women’s Link Worldwide, cuyos hallazgos conjuntos presentaremos en el marco de la sesión previa o preparatoria del EPU que tendrá lugar en Ginebra el 16 de febrero.
Qué destacamos en este nuevo ciclo del EPU de Chile
En general, creemos que se han dado avances importantes en Chile, pero también que la garantía plena de los derechos humanos en la esfera digital enfrenta deudas significativas y relevantes. En ambos informes centramos la atención en la garantía de varios derechos sobre los cuales otros Estados, en versiones anteriores del EPU, elevaron recomendaciones que el estado de Chile aceptó cumplir en el cuatrienio que pasó.
Nos enfocamos en el derecho a la protesta y la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; en la garantía del derecho de acceso a la información tanto a través de las tecnologías de la comunicación y en beneficio de pueblos indígenas, comunidades rurales y mujeres, así como a la información en línea y fuera de ella en materia de derechos sexuales y reproductivos; la garantía del derecho a la privacidad; y la garantía del derecho a la vida libre de violencias. Elevamos distintas recomendaciones que resumimos a continuación.
Deudas pendientes
En estos cuatro años que pasaron pudimos documentar en Chile diversos hechos preocupantes. En cuando a la garantía del derecho a la protesta, pudimos dar cuenta de eventos de vigilancia estatal ilegal y de acoso en línea contra manifestantes, periodistas y defensores de derechos humanos, así como casos de eliminación forzada de contenidos de los manifestantes que documentaron en los periodos de protesta el abuso policial, entre otros.
En la garantía del derecho a la privacidad, parece que el proyecto de ley que lleva casi una década en discusión y que busca actualizar el marco normativo en protección de datos que data de 1999, no solo no ha sido aprobado en este cuatrienio que pasó, sino que los disensos que persisten amenazan con estacar nuevamente su debate y aprobación. Chile precisa una ley de protección de datos actualizada, tanto la pandemia como sucesivas filtraciones de datos de la ciudadanía en manos del Estado han puesto de presente una y otra vez esa necesidad.
También, el derecho a una vida libre de violencias enfrenta retos considerables cuando se trata de su ejercicio a través de internet. Chile, a la fecha, no cuenta con políticas públicas dirigidas a documentar, estudiar, investigar y condenar de manera efectiva los eventos de violencia de género facilitada por las tecnologías, y las iniciativas legislativas que buscan abordar dicho fenómeno llevan varios años engavetadas en el Congreso nacional.
Algunos avances, pero hace falta mejorar
En materia de acceso a la información en línea y fuera de ella, las comunidades vulnerabilizadas siguen enfrentando retos significativos. Recordemos que en Chile la brecha digital es particularmente acentuada en los entornos rurales donde al menos el 40% de la población se encuentra desconectada, y en donde las mujeres están menos conectadas en comparación con los hombres.
Y si bien la política pública ‘Brecha Digital Cero’ busca conectar a la población, hace falta que su alcance y despliegue considere las necesidades diferenciadas de grupos vulnerabilizados así como formas alternativas de conectividad –como las redes comunitarias- en las zonas en las que ni el Estado ni los actores del sector privado pueden llegar.
Sin avances y todo por hacer
Lo anterior afecta el derecho de acceso a la información en cualquier materia, pero especialmente en asuntos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos donde prohibiciones legales del código sanitario (articulo 119 quáter) prohíben o desincentivan a centros de salud y prestadores en salud a informar a la población que busca información en materia de aborto, el cual está habilitado en Chile en tres causales. Los desincentivos normativos, el vacío informativo y la brecha digital amenazan la garantía de ese derecho en línea y fuera de ella.
Urge en particular
Además, nos preocupa el texto de la Resolución 25.425 que regula la Ley de Migraciones y Extranjería (Nº.21.325 de 2023) que prevé la creación de un empadronamiento biométrico de migrantes en situación irregular.
La ley está dirigida a regularizar el tránsito de migrantes que ingresaron al país por pasos no autorizados o eludiendo el control migratorio. Sin embargo, la Resolución fija como condición para iniciar dicho proceso la entrega de datos biométricos (faciales y dactilares) en ausencia de reglas claras sobre su uso, protección, seguridad y compartición entre autoridades públicas y privados.
La Resolución es vaga y abierta sobre las condiciones en el uso de dicha información para fines que todavía no han sido determinados. Su redacción podría llegar a facilitar la negativa de acceder a la regularización migratoria por parte de personas que, a pesar de cumplir con los requisitos para beneficiarse de dicha medida, se niegan –por temor y desconfianza– a entregar sus datos biométricos.
Qué esperamos que suceda
Esperamos que los Estados que evalúan el desempeño del estado chileno y que hicieron recomendaciones en el pasado sobre la garantía de los derechos que abordamos más arriba, puedan reiterar sus recomendaciones nuevamente e insistir en nuevos enfoques. La garantía plena de los derechos es un camino largo y en ocasiones se experimentan retrocesos o rezagos, pero no debemos ceder en dicho esfuerzo.
Derechos Digitales, en compañía de otras organizaciones locales de la sociedad civil chilena, buscaremos durante las pre-sesiones que se aborden las recomendaciones que hemos elaborado (en español y en inglés) para que en los próximos cuatro años Chile se comprometa una vez más a la realización de los derechos humanos cuyo nivel de satisfacción y cumplimiento estaremos monitoreando de cerca.
Invitamos también a revisar en este enlace el informe alternativo elaborado por la coalición interregional compuesta por ONG Amaranta, Coordinadora por los Derechos del Nacimiento-Chile, Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile, Relacahupan Chile, ONG Matria Fecunda, Corporación de Abogadas Feministas, Corporación Madre Nativa y Colectiva contra la Violencia Ginecológica y Obstétrica sobre derechos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos para este ciclo del EPU.