Derechos Digitales y lo que se discutirá sobre el Pacto Digital Mundial

CC:BY (Gilda Martini)

En el marco del 75° aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los Estados Miembros declararon, mediante la resolución A/RES/75/1, la intención de mejorar la cooperación digital entre ellos, apuntando a las oportunidades y desafíos que trae consigo el avance y adopción de las tecnologías digitales, reconociendo también en ellas el potencial para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030.

El documento Nuestra agenda común fue elaborado para responder a esta declaración por el secretario general de la ONU, António Guterres. Este texto propone la realización de la Cumbre del Futuro, evento que ocurrirá en septiembre de este año, cuyo eje temático sobre tecnología contempla un acuerdo entre los Estados Miembros sobre un Pacto Digital Mundial.

El Pacto abordará aspectos como el compromiso con la conectividad universal, la fragmentación de internet, el tratamiento de datos personales, la aplicación de derechos humanos en línea y la promoción de una internet confiable a través de la incorporación de criterios de rendición de cuentas en entornos digitales. Sin embargo, desde el comienzo se estipuló la realización de consultas a múltiples partes interesadas para agregar más elementos y darle forma al Pacto Digital Mundial, integrando a voces de toda la comunidad internacional.

En Derechos Digitales hemos enviado contribuciones y  participado de las consultas con múltiples partes interesadas; además de formar parte de la elaboración de posicionamientos en conjunto con otras organizaciones y articulaciones, como es el caso de Al Sur y la coalición de género de la que también forman parte la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, Women At The Table, Equality Now, Alliance for Universal Digital Rights, Pollicy, Digital Rights Foundation y World Wide Web Foundation.

 Nuestro foco está en los siguientes tópicos:

• Posicionamiento desde el Sur Global para impulsar la garantía de derechos fundamentales en línea: libertad de expresión y privacidad de datos;
• Principios feministas: Incorporación transversal de una perspectiva feminista e interseccional en el Pacto Digital Mundial;
• Fortalecimiento de  mecanismos que garanticen el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos en entornos digitales
• Impulsar  el avance de la  conectividad significativa para todas las personas y construcción de capacidades digitales para mujeres y niñas;
• Avanzar al reconocimiento de las redes comunitarias como parte del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas
• Respeto de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en las iniciativas regulatorias sobre tecnologías digitales;
• Fomento de la participación de todas las partes interesadas en la toma de decisiones sobre sistemas de inteligencia artificial durante todo su ciclo vital, desde el diseño hasta el desarrollo e implementación de estos, y
• Fortalecimiento del  modelo de gobernanza multilateral.

Puedes leer el primer borrador del Pacto Digital Mundial que fue publicado el pasado abril. Seguimos atentas al desarrollo de este proceso y esperando con expectación la llegada de septiembre, momento en que los Estados Miembros demostrarán su verdadero compromiso con el respeto de los derechos humanos en entornos digitales. Como siempre, desde la sociedad civil estaremos vigilando que esto sea así, y de esta forma aportar al disfrute pleno de internet para todas.

Conoce los aportes de Derechos Digitales al reporte intermedio del Órgano Asesor de la ONU sobre inteligencia artificial

El Órgano Asesor de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial (AIAB, por su sigla en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue propuesto inicialmente en 2020, como parte de la hoja de ruta para la cooperación digital del Secretario General de la ONU. Este órgano, compuesto por 38 miembros, se constituyó en 2023 para analizar y adelantar recomendaciones para la gobernanza global de la IA.

A fines de 2023, el AIAB publicó un reporte intermedio con un conjunto de principios y guías para la gobernanza global de la IA. Con base en la retroalimentación de este reporte, que estuvo abierto a consultas hasta el pasado mes de marzo, será publicada una segunda versión para adopción junto a la Cumbre del Futuro en septiembre. Se espera que contenga recomendaciones detalladas sobre las funciones, formato y plazos de una nueva agencia global para la gobernanza de la IA.

Derechos Digitales viene acompañando de cerca el trabajo del AIAB y ha enviado comentarios al reporte intermedio publicado por el Órgano. La versión completa está disponible aquí y abajo se encuentra una breve síntesis de nuestras principales recomendaciones.

Consideraciones generales

A lo largo del reporte se constata cierta insistencia en el presunto “potencial benéfico” de los sistemas de IA, asignando características de orden moral a esta herramienta mediante la distinción entre sus usos “para el bien” o “para el mal”. En este sentido, proponemos revisar este tipo de nociones y adoptar, en cambio, una aproximación de carácter sociotécnico a la gobernanza global de la IA. Defendemos que ello posibilitaría un enfoque integral de derechos humanos, que debería estar anclado en mecanismos efectivos para garantizar su cumplimiento por parte de empresas y Estados en lo que se refiere al desarrollo, comercialización y despliegue de este tipo de tecnologías.

En la misma dirección, sostenemos que el reporte debe hacer énfasis en que los Estados adopten compromisos y respalden estándares que puedan prevenir los abusos de esta tecnología, en consonancia con las recomendaciones de la UNESCO en este aspecto y haciendo hincapié en que tales estándares deben aplicarse a todo el proceso productivo de la IA.  Estamos a favor de la incorporación de una perspectiva integral de derechos humanos que considere los impactos civiles y políticos, sociales y económicos, y culturales y medioambientales de la implementación de la IA. Del mismo modo, resaltamos que es indispensable que el reporte destaque la necesidad de cumplimiento de leyes laborales y medioambientales por parte de los actores involucrados en la producción de esos sistemas.

Como parte de la sociedad civil, subrayamos también la necesidad de la participación significativa de voces históricamente marginalizadas en las discusiones sobre IA, como las personas que habitan en comunidades rurales e indígenas, cuyo derecho a consulta es internacionalmente reconocido. Resaltamos también que los criterios de diversidad, equidad e inclusión deben ser considerados en todo el ciclo de vida de los sistemas de IA y en el desarrollo de estudios de impacto en derechos humanos. Finalmente, apuntamos a las siguientes recomendaciones generales a ser consideradas por el AIAB:

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no pueden servir de excusa para la promoción irresponsables de tecnologías. Además, criterios deberían ser aplicados para garantizar que inversiones en digitalización no compitan con las necesarias inversiones en infraestructuras básicas de bienestar social, como salud, educación, entre otras;
• Órganos de la ONU y bancos de desarrollo deben ser transparentes y rendir cuentas sobre su uso y promoción de IA, presentando Estudios de Impacto en Derechos Humanos que justifiquen sus inversiones en sistemas tecnológicos;
• El trabajo del AIAB debe ser guiado por el amplio trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el tema e incorporarlos explícitamente.

Comentarios a los principios rectores

El reporte ofrece cinco principios para guiar este debate: 1) inclusión; 2) interés público; 3) gobernanza de datos y promoción de los datos comunes; 4) universalidad enraizada en la colaboración de múltiples partes interesadas, y 5) un anclaje al derecho internacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Sobre cada uno de ellos, recomendamos:

• Que se refuerce la necesidad de operacionalizar los estándares existentes para asegurar que las empresas cumplan sus responsabilidades de acuerdo con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos;
• Superar la idea de “interoperabilidad regulatoria” tal como presentada en el reporte y reconocer la diversidad de abordajes posibles para la regulación de IA según los contextos nacionales, reiterando la soberanía de los Estados y la necesidad crítica de que leyes locales se basen en evidencias y en la participación de las comunidades afectadas;
• Enfocarse en la protección de datos como eje clave de la gobernanza global de la IA e incentivar a los Estados a adoptar legislaciones basadas en los principios internacionalmente reconocidos en la materia como la legalidad, finalidad, proporcionalidad, minimización y transparencia.  Reiteramos además la importancia de que datos recolectados para fines de políticas públicas no sean redirigidos para entrenar sistemas de IA sin el debido consentimiento de las personas titulares;
• Reiterar que una estructura de gobernanza de IA no puede replicar desbalances previos o priorizar la visión de unos Estados por sobre la de otros y que debe promover la participación significativa de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones desde lo nacional hacia lo global, comprometiéndose con la garantía de un ambiente habilitador para tal participación, es decir, la democracia y un espacio cívico abierto;
• Reconocer la imperativa necesidad de implementación de Estudios de Impacto en Derechos Humanos en todo el ciclo de vida de los sistemas de IA.

De las funciones institucionales

El reporte propone funciones institucionales para la gobernanza de la IA distribuidas según su grado de “severidad”, de menor a mayor: construcción de consenso científico; alineación e interoperabilidad normativa; elaboración de marcos normativos sobre estándares, seguridad y gestión de riesgos; facilitación de regímenes de desarrollo y usabilidad, y entrenamiento y prueba de modelos de carácter transfronterizo; colaboración internacional; revisión de pares y reportabilidad, y creación de normas y mecanismos de rendición de cuentas.

Sobre estas funciones, destacamos que:

• La participación de múltiples partes interesadas debe ser transversal a las distintas funciones, con medidas concretas que habiliten un involucramiento significativo de actores de la sociedad civil;
• Para la investigación en IA es imprescindible una acción afirmativa que abra la puerta a actores y producción de conocimiento fuera del Norte Global;
• El contexto es clave en la definición de los riesgos potenciales de la IA y los Estados deben contar con su soberanía al momento de regularla según sus necesidades y prioridades específicas. Eso incluye la posibilidad establecer reglas de competencia o impuestos, de modo a participar de manera más significativa en la economía global. Además de superar la noción de interoperabilidad, el AIAB debería recomendar que los Estados eviten imponer limitaciones regulatorias en otros foros, como los acuerdos de libre comercio;
• Sobre la estandarización, es prioritario definir criterios que, a nivel global, permitan el análisis del cumplimiento normativo de ciertos productos y aplicaciones de IA y mecanismos de monitoreo, supervisión y certificación que impidan que eventuales abusos se repliquen y multipliquen alrededor del mundo. En ese sentido, la ONU cumple un rol central en apoyar a los países con información sobre hasta que punto determinadas aplicaciones resultan de una cadena productiva justa o no;
• La gobernanza global de la IA debe posibilitar el diálogo y la integración de diferentes actores a niveles local, regional y global, junto con ofrecer apoyo a los Estados respecto en cuanto a investigación, diseño y desarrollo de la IA. Así, la cooperación internacional debe estar orientada a facilitar la toma de mejores decisiones;
• La cooperación para la implementación de sistemas de IA debe estar sujeta a la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos y responder a estrictos criterios de transparencia y rendición de cuentas, incluso en el ámbito de Naciones Unidas.

Encontrar lo bueno en la primera resolución de la Asamblea General de la ONU sobre inteligencia artificial

Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentra Derechos Digitales, celebramos la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) liderada por los Estados Unidos de “Aprovechar las oportunidades de sistemas de inteligencia artificial seguros y confiables para el desarrollo sostenible”.

Sin embargo, en el análisis del documento, hemos encontrado algunos problemas, que consideramos de urgente análisis y solución.  
Los párrafos que piden cerrar la brecha digital simplemente se formulan como si exigieran “alianzas más sólidas”, cuando son urgentes mayores compromisos, incluso en relación con la financiación.

En la declaración se identifican problemas en relación con la superación de la brecha digital, estándares diferenciados para el ámbito militar, la gobernanza sin garantías de participación multisectorial e inclusión, y la integración de principios.

Si bien la resolución se centra en el impacto de algunas tecnologías no incluye una dimensión integral de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para la protección de los derechos humanos.

El documento completo puede leerse aquí.

La declaración completa en español puede leerse aquí.

Nuevo sitio web de Greater Internet Freedom

En Derechos Digitales somos parte del programa Greater Internet Freedom (GIF), una iniciativa que reúne a más de 70 organizaciones, de aproximadamente 40 países, cuyo trabajo colectivo se enfoca en la promoción de una internet abierta, segura y confiable.

Estamos felices de compartir el nuevo sitio web de GIF, que reúne las últimas novedades sobre el proyecto en una interfaz clara, ordenada y fácil de navegar.

Una de las publicaciones destacadas por GIF es nuestra investigación “Identidad digital en América Latina: situación actual, tendencias y problemáticas”. Además, te invitamos a revisar el minisitio dedicado a seguridad digital, que provee consejos y recursos para organizaciones interesadas en el tema.

Visita el sitio aquí.

Inteligencia Artificial: Derechos Digitales es parte del consejo de expertos sobre el tema del órgano asesor de Naciones Unidas

El lunes 18 de marzo tuvo lugar una reunión del Órgano Asesor de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial (AIAB, por su sigla en inglés) junto con el consejo de expertos convocado para apoyar sus trabajos. Diversos representantes de la academia y sociedad civil participaron, incluyendo a Derechos Digitales.

Además de presentar los avances en el trabajo del grupo, el Enviado del Secretario General para la Tecnología de las Naciones Unidas, Amandeep Singh Gill, abrió espacio para reacciones y comentarios desde el grupo.

Jamila Venturini, codirectora ejecutiva en Derechos Digitales, estuvo presente en la ronda y, por limitaciones de tiempo, hizo su intervención por escrito. En ella, relevó la necesidad de profundizar en los estándares que han de regir a la inteligencia artificial (IA) para gestionar el equilibrio de los derechos fundamentales, lo que implica proporcionar orientaciones para la toma de decisiones a nivel local.

También destacó que este enfoque situado debería incorporarse en las discusiones sobre interoperabilidad. Así, los gobiernos nacionales pueden evitar una competencia por encontrar mínimos comunes al momento de legislar. Citando el reporte, Venturini subrayó la importancia de contar con mecanismos de monitoreo, supervisión y certificación a nivel global, a fin de evitar la reproducción de daños.

• El reporte del AIAB está disponible en inglés en este enlace.
• Puedes retroalimentar su contenido hasta el 31 de marzo de 2024 en esta plataforma.

Derechos Digitales participó del lanzamiento de la edición latinoamericana de la revista "GenderIT"

“Nos preocupan mucho las sociedades digitales en las que vivimos. Creemos que es posible construir tecnologías digitales basadas en la solidaridad, los afectos y el cuidado donde la vida inter-especies sea posible y prioritaria, donde se reduzca el consumo tecnológico excesivo y se viva bajo el principio de la justa medida. Creemos en una sociedad digital donde sea posible el buen vivir”, se podía leer en la invitación al lanzamiento de la edición latinoamericana de la revista GenderIT.

La misma fue presentada en un evento titulado “Imaginando tecnologías digitales desde el cuido personal, colectivo y la solidaridad planetaria”, como la primera edición de la revista en su versión latinoamericana.

Durante la conversación, que fue moderada por   Kemly Camacho, editora e integrante de , Cooperativa Sulá Batsú (Costa Rica) y  Karla Velasco, de GenderIT (México), participaron las redactoras de los artículos de la revista, entre las que se encuentra nuestra Analista de tecnología, Maria Encalada.

Durante su intervención, María comentó los principales puntos de su artículo titulado “Una tecnología sostenible y responsable es posible”. En el texto, explica cómo el modelo de desarrollo tecnológico usado hasta ahora no ha cuidado el medio ambiente. Se refiere a que, como sociedad, estamos en un estado de madurez, en donde podemos pensar en la tecnología desde el cuidado ambiental. Subraya que podemos, y debemos usar y seguir produciendo tecnología pensando en el cuidado, sobre todo en la parte de implementación.

Las tecnologías pueden ser nuestras alidadas. “¿Cómo podemos adaptar esas tecnologías? La tecnología puede ser pensada para el cuidado de la vida y puede ser parte de las estrategias para cuidar la vida. Es ahí que tenemos más chance de pensar en el cuidado del medio ambiente, no como una tendencia o algo que está de moda, sino que se trata de algo que contribuye con las personas que la usan y la usarán”, expresó María.

La versión digital de GenderIT latinoamericana está disponible aquí.

El video de presentación del evento puede verse aquí.

Derechos Digitales participó del “Simposio Global sobre Violencia de Género Facilitada por las Tecnologías”

Derechos Digitales participó del “Global Symposium Technology-facilitated Gender-based Violence” (Simposio Global sobre Violencia de Género Facilitada por las Tecnologías) . El evento fue organizado por UNFPA y eSafety Commissioner, y se llevó a cabo entre el 20 y 22 de febrero de 2024.

Durante los días de simposio, se discutió sobre modelos de negocios para la tecnología, formas de responder a la TFGBV( violencia de género facilitada por la tecnología), con experiencias de diferentes sectores y países. Hubo propuestas sobre el Marco de Evaluación del Programa TFGBV, también diálogos sobre cómo prevenir y mitigar el riesgo de TFGBV.

Jamila Venturini, codirectora ejecutiva de Derechos Digitales, fue moderadora del panel “Law and Regulation”, del cual participaron representantes de organizaciones de diferentes partes del mundo.

En el comienzo del mencionado panel Jamila enfatizó sobre el rol clave de la perspectiva de Derechos Humanos y Género en el desarrollo de leyes sobre cibercrimen, junto con valores como la transparencia y responsabilidad, además de la participación multisectorial.

Durante las intervenciones de diferentes expositores, se destacan la mención a las buenas prácticas en la industria tecnológica, realizada por Farzaneh Badiei, PhD, de Digital Trust and Safety Partnership. A su juicio, estas deben considerar, en su fase de diseño, la eliminación de sesgos de género con el fin de ofrecer protección garantías a todas las personas. Además, Badiei recalcó la responsabilidad de los servicios digitales en la promoción de una internet mejor y más segura.

Michelle Bordachar, asesora jurídica y legislativa de la Coordinación Nacional de Ciberseguridad del Gobierno de Chile, comentó los procesos regulatorios que se están llevando a cabo en ese país y cómo la perspectiva de género se materializa, en el órgano institucional donde se desempeña, mediante la paridad en su equipo de trabajo y la contratación de consultorías expertas en tecnología y género para guiar el diseño de políticas públicas.

Desde Paraguay, Eduardo Enrique Carrillo Portillo de la ong TEDIC expuso sobre las directrices que entrega la Convención de Belém Do Pará para la elaboración e implementación de políticas públicas relacionadas con Ciberseguridad, fundamentalmente en lo que respecta al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. En ese sentido, recalcó la necesidad de adoptar un enfoque preventivo por sobre uno punitivo en esta materia.

Jasminka Džumhur, ombudsperson de Bosnia y Herzegovina, celebró la iniciativa Bodyright impulsada por UNFPA y también el papel que cumple el Grupo de Expertas sobre la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica de Council of Europe, GREVIO, en la evaluación y elaboración de leyes sobre cibercrimen.

Venturini, de manera transversal a lo largo de cada presentación, puso en relieve la importancia de la Sociedad Civil, no solo en su rol de incidencia en políticas públicas y monitoreo de su cumplimiento, sino también en cuanto a la creación de conocimiento mediante investigaciones y reportes sobre TFGBV. “Es urgente, pero no es fácil”, “tenemos el desafío de legislar y seguir trabajando en proveer mecanismos de prevención, apoyo y respuesta a las víctimas y sobrevivientes”, recalcó.

Los paneles de los 3 días de simposio se pueden ver en el canal de youtube de UNFPA:

Día 1: https://www.youtube.com/watch?v=k6oLod78fTc
Día 2: https://www.youtube.com/watch?v=DQaJlL0C-54
Día 3: https://www.youtube.com/watch?v=N1M8ASiXjZY

Examen Periódico Universal: las deudas pendientes de Chile en derechos humanos

CC BY-SA 4.0 Carlos Figueroa

En abril próximo tendrá lugar la 46° sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en que el Estado de Chile se someterá al Examen Periódico Universal (EPU). Derechos Digitales ha participado de cerca en dicho proceso desde 2018 mediante la elaboración de distintos reportes que dan cuenta del desempeño del país en la protección de los derechos humanos en el entorno digital.

El EPU es un mecanismo único que tiene lugar cada cuatro años y medio, y que permite a los Estados evaluar entre sí sus progresos y deudas pendientes en materia de derechos humanos. Aun cuando ellos son protagonistas, la sociedad civil tiene un rol primordial al informar a los Estados evaluadores, de manera independiente, sobre los rezagos o deudas pendientes para la satisfacción plena de los derechos en un país determinado.

Por eso, tal y como hicimos en el EPU anterior, Derechos Digitales participará nuevamente de este ciclo de evaluación a Chile, que da cuenta de las acciones y deudas pendientes de ese Estado desde el año 2019 y hasta el 2023. Para ello, hemos elaborado dos reportes, uno en conjunto con la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones APC, y otro con Miles Chile y Women’s Link Worldwide, cuyos hallazgos conjuntos presentaremos en el marco de la sesión previa o preparatoria del EPU que tendrá lugar en Ginebra el 16 de febrero.

Qué destacamos en este nuevo ciclo del EPU de Chile

En general, creemos que se han dado avances importantes en Chile, pero también que la garantía plena de los derechos humanos en la esfera digital enfrenta deudas significativas y relevantes. En ambos informes centramos la atención en la garantía de varios derechos sobre los cuales otros Estados, en versiones anteriores del EPU, elevaron recomendaciones que el estado de Chile aceptó cumplir en el cuatrienio que pasó.

Nos enfocamos en el derecho a la protesta y la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; en la garantía del derecho de acceso a la información tanto a través de las tecnologías de la comunicación y en beneficio de pueblos indígenas, comunidades rurales y mujeres, así como a la información en línea y fuera de ella en materia de derechos sexuales y reproductivos; la garantía del derecho a la privacidad; y la garantía del derecho a la vida libre de violencias. Elevamos distintas recomendaciones que resumimos a continuación.

Deudas pendientes

En estos cuatro años que pasaron pudimos documentar en Chile diversos hechos preocupantes. En cuando a la garantía del derecho a la protesta, pudimos dar cuenta de eventos de vigilancia estatal ilegal y de acoso en línea contra manifestantes, periodistas y defensores de derechos humanos, así como casos de eliminación forzada de contenidos de los manifestantes que documentaron en los periodos de protesta el abuso policial, entre otros.

En la garantía del derecho a la privacidad, parece que el proyecto de ley que lleva casi una década en discusión y que busca actualizar el marco normativo en protección de datos que data de 1999, no solo no ha sido aprobado en este cuatrienio que pasó, sino que los disensos que persisten amenazan con estacar nuevamente su debate y aprobación. Chile precisa una ley de protección de datos actualizada, tanto la pandemia como sucesivas filtraciones de datos de la ciudadanía en manos del Estado han puesto de presente una y otra vez esa necesidad.

También, el derecho a una vida libre de violencias enfrenta retos considerables cuando se trata de su ejercicio a través de internet. Chile, a la fecha, no cuenta con políticas públicas dirigidas a documentar, estudiar, investigar y condenar de manera efectiva los eventos de violencia de género facilitada por las tecnologías, y las iniciativas legislativas que buscan abordar dicho fenómeno llevan varios años engavetadas en el Congreso nacional.

Algunos avances, pero hace falta mejorar

En materia de acceso a la información en línea y fuera de ella, las comunidades vulnerabilizadas siguen enfrentando retos significativos. Recordemos que en Chile la brecha digital es particularmente acentuada en los entornos rurales donde al menos el 40% de la población se encuentra desconectada, y en donde las mujeres están menos conectadas en comparación con los hombres.

Y si bien la política pública ‘Brecha Digital Cero’ busca conectar a la población, hace falta que su alcance y despliegue considere las necesidades diferenciadas de grupos vulnerabilizados así como formas alternativas de conectividad –como las redes comunitarias- en las zonas en las que ni el Estado ni los actores del sector privado pueden llegar.

Sin avances y todo por hacer

Lo anterior afecta el derecho de acceso a la información en cualquier materia, pero especialmente en asuntos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos donde prohibiciones legales del código sanitario (articulo 119 quáter) prohíben o desincentivan a centros de salud y prestadores en salud a informar a la población que busca información en materia de aborto, el cual está habilitado en Chile en tres causales. Los desincentivos normativos, el vacío informativo y la brecha digital amenazan la garantía de ese derecho en línea y fuera de ella.

Urge en particular

Además, nos preocupa el texto de la Resolución 25.425 que regula la Ley de Migraciones y Extranjería (Nº.21.325 de 2023) que prevé la creación de un empadronamiento biométrico de migrantes en situación irregular.

La ley está dirigida a regularizar el tránsito de migrantes que ingresaron al país por pasos no autorizados o eludiendo el control migratorio. Sin embargo, la Resolución fija como condición para iniciar dicho proceso la entrega de datos biométricos (faciales y dactilares) en ausencia de reglas claras sobre su uso, protección, seguridad y compartición entre autoridades públicas y privados.

La Resolución es vaga y abierta sobre las condiciones en el uso de dicha información para fines que todavía no han sido determinados. Su redacción podría llegar a facilitar la negativa de acceder a la regularización migratoria por parte de personas que, a pesar de cumplir con los requisitos para beneficiarse de dicha medida, se niegan –por temor y desconfianza– a entregar sus datos biométricos.

Qué esperamos que suceda

Esperamos que los Estados que evalúan el desempeño del estado chileno y que hicieron recomendaciones en el pasado sobre la garantía de los derechos que abordamos más arriba, puedan reiterar sus recomendaciones nuevamente e insistir en nuevos enfoques. La garantía plena de los derechos es un camino largo y en ocasiones se experimentan retrocesos o rezagos, pero no debemos ceder en dicho esfuerzo.

Derechos Digitales, en compañía de otras organizaciones locales de la sociedad civil chilena, buscaremos durante las pre-sesiones que se aborden las recomendaciones que hemos elaborado (en español y en inglés) para que en los próximos cuatro años Chile se comprometa una vez más a la realización de los derechos humanos cuyo nivel de satisfacción y cumplimiento estaremos monitoreando de cerca.

Invitamos también a revisar en este enlace el informe alternativo elaborado por la coalición interregional compuesta por ONG Amaranta, Coordinadora por los Derechos del Nacimiento-Chile, Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile, Relacahupan Chile, ONG Matria Fecunda, Corporación de Abogadas Feministas, Corporación Madre Nativa y Colectiva contra la Violencia Ginecológica y Obstétrica sobre derechos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos para este ciclo del EPU. 

Derechos Humanos y tecnologías en contexto de protestas: preguntas frecuentes, y recursos útiles

CC:BY (Gilda Martini)

En diciembre pasado, luego de la asunción y los primeros anuncios del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, sucedieron diversas manifestaciones espontáneas donde participaron miles de argentinos en rechazo al mega decreto que desregula varias de las actividades económicas y establece nuevas normas sociales.

En esa ocasión, las tecnologías fueron utilizadas con finalidades represivas, como se puede leer en la columna publicada en nuestro sitio web.  Allí se menciona el llamado “Protocolo antipiquetes”, un documento para controlar la protesta y que menciona la utilización de distintas tecnologías de vigilancia con el objetivo de identificar manifestantes.

El protocolo maneja datos personales, y reconocimiento facial, además de diversas formas de identificación de las y los manifestantes.

Frente a la actual realidad que vive el país, juntamos una serie de recursos y recomendaciones para garantizar que la protesta – en línea y fuera de línea – en América Latina sea más segura, así como informaciones sobre cómo obtener apoyo para movilizar resistencias o en caso de ataques.

¿Cómo proteger mi actividad en redes?

La organización Cultivando Género  ha realizado una lista de medidas que pueden ayudar a mantener las redes sociales libres de ataques e intrusiones indebidas. Una de las principales recomendaciones es revisar contraseñas y aquí hemos discutido el tema con la activista Steffania Paola, quien ofrece orientaciones sobre como asegurarse de la contraseña que estás utilizando es segura.

Otra recomendación para evitar que tus cuentas sean clonadas por terceros que eventualmente quieran suplantar tu identidad es activar la “autenticación de dos factores” (en inglés 2FA), que ofrece una capa de protección adicional mediante una aplicación o un código PIN. Aquí, TEDIC ha reunido más información sobre qué es y como activar la autenticación de dos factores.

En esta columna de 2020, la investigadora y activista brasileña Narrira Lemos ha reunido algunas recomendaciones adicionales sobre ataques comunes y como evitarlos.

La guía de La Guía de Protesta es una campaña de ADC que intenta concientizar sobre las herramientas tecnológicas que las fuerzas de seguridad podrían utilizar para monitorear e identificar personas en una protesta.

Además, con la herramienta MicroSD, de Derechos Digitales, puedes conocer mucho más sobre como proteger tu información y la de terceros en distintos contextos relacionados al ejercicio del periodismo y la comunicación digital. Sistematizamos también en esta publicación, a raíz del estallido social en Chile, algunas recomendaciones específicas para medios independientes.

¿Cómo uso mis dispositivos durante las protestas?

En Derechos Digitales hemos reunido en este post algunas orientaciones y herramientas para mejorar la seguridad de las personas que se encuentran en situaciones de conflicto y/o participan en protestas sociales en América Latina.

¿Cómo puedo movilizar mi comunidad para frenar intentos de restringir derechos digitales?

En contextos de protestas, activismo y restricción de derechos, son muchas las organizaciones que necesitan apoyo para movilizarse y responder con agilidad a los desafíos contingentes. Es por eso que, desde Derechos Digitales, contamos con el Fondo de Respuesta Rápida, una iniciativa que está destinada a atender emergencias que no pueden esperar.

Su función es contribuir a un ecosistema digital libre y abierto, mediante la asignación de pequeñas sumas de dinero para la realización de actividades tales como participación en discusiones sobre políticas públicas, acciones de incidencia y desarrollo de investigación, en circunstancias de urgencia. La convocatoria está abierta permanentemente.

¿Qué hacer si sufro un ataque?

Caso creas que has sido víctima de algún ataque digital, aquí puedes encontrar un kit de primeros auxilios digitales con orientaciones específicas para distintos casos y contactos de organizaciones que pueden ofrecerte soporte. Si ejerces algún activismo en defensa de los derechos humanos de manera independiente o junto a algún medio u organización, también puedes escribir a laredd@derechosdigitales.org  consultando por información específica

Argentina: reconocimiento facial y otras tecnologías para reprimir la protesta social

Bajo el lema “el que corta, no cobra”, el Gobierno de Javier Milei en Argentina anunció una serie de medidas en contra de la protesta social. El llamado “protocolo antipiquetes” descansa fuertemente en distintas tecnologías de vigilancia con el objetivo de identificar manifestantes y suspender los beneficios sociales que podrían estar recibiendo.

“[SI] Hoy está teniendo un subsidio del estado, que le está dando un dinero de todos los argentinos, cuide ese dinero, cuide a su familia y no vaya a cortar una calle”, explicó Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Las medidas fueron anunciadas previo a la primera manifestación piquetera en contra del gobierno de Milei, convocada para el miércoles 20 de diciembre, como respuesta a las medidas de shock económico anunciadas durante los primeros días de mandato.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a 1700 organizaciones sociales denunciaron la medida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de Naciones Unidas, argumentando que muchas de las medidas contenidas en el protocolo son “incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos”.

Frente a la pregunta sobre cómo se iba a identificar a los manifestantes, Bullrich explicó que se utilizarían recursos tales como cámaras y drones, y que el cese de los beneficios sociales no se limitaría a quienes fuesen detenidos durante las protestas, sino que basta con ser identificado. Durante la jornada del miércoles 20 de diciembre la policía abordó el transporte público para grabar a pasajeros, usando para ello teléfonos celulares.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, agregó además que se utilizaría reconocimiento facial con este fin, pero no entregó mayores datos respecto de cómo se realizaría. En Argentina existen al menos tres sistemas de identificación que utilizan estas tecnologías: uno implementado en los estadios de fútbol, un sistema desplegado en la red de transporte en Buenos Aires —cuyo uso fue declarado inconstitucional en 2022 gracias a un recurso interpuesto por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A.)—, además de un sistema usado por la policía federal para comparar imágenes de sospechosos con la base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

A pesar de los pocos detalles sobre su funcionamiento, el caso Argentino revela de forma clara la naturaleza represiva de las distintas tecnologías de vigilancia desplegadas en el espacio público. Nos recuerda además que cualquier sistema de recopilación de información personal, especialmente datos biométricos e independientes de su uso inicial declarado, puede ser eventualmente transformado en un sistema para socavar el ejercicio de derechos fundamentales.

En ese sentido, Argentina ha sido pionera en la región en la implementación de diversos sistemas de recolección de información biométrica con distintos fines, que hoy potencialmente podrían ser utilizados para reprimir.