Derechos Digitales y lo que se discutirá sobre el Pacto Digital Mundial

CC:BY (Gilda Martini)

En el marco del 75° aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los Estados Miembros declararon, mediante la resolución A/RES/75/1, la intención de mejorar la cooperación digital entre ellos, apuntando a las oportunidades y desafíos que trae consigo el avance y adopción de las tecnologías digitales, reconociendo también en ellas el potencial para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030.

El documento Nuestra agenda común fue elaborado para responder a esta declaración por el secretario general de la ONU, António Guterres. Este texto propone la realización de la Cumbre del Futuro, evento que ocurrirá en septiembre de este año, cuyo eje temático sobre tecnología contempla un acuerdo entre los Estados Miembros sobre un Pacto Digital Mundial.

El Pacto abordará aspectos como el compromiso con la conectividad universal, la fragmentación de internet, el tratamiento de datos personales, la aplicación de derechos humanos en línea y la promoción de una internet confiable a través de la incorporación de criterios de rendición de cuentas en entornos digitales. Sin embargo, desde el comienzo se estipuló la realización de consultas a múltiples partes interesadas para agregar más elementos y darle forma al Pacto Digital Mundial, integrando a voces de toda la comunidad internacional.

En Derechos Digitales hemos enviado contribuciones y  participado de las consultas con múltiples partes interesadas; además de formar parte de la elaboración de posicionamientos en conjunto con otras organizaciones y articulaciones, como es el caso de Al Sur y la coalición de género de la que también forman parte la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, Women At The Table, Equality Now, Alliance for Universal Digital Rights, Pollicy, Digital Rights Foundation y World Wide Web Foundation.

 Nuestro foco está en los siguientes tópicos:

• Posicionamiento desde el Sur Global para impulsar la garantía de derechos fundamentales en línea: libertad de expresión y privacidad de datos;
• Principios feministas: Incorporación transversal de una perspectiva feminista e interseccional en el Pacto Digital Mundial;
• Fortalecimiento de  mecanismos que garanticen el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos en entornos digitales
• Impulsar  el avance de la  conectividad significativa para todas las personas y construcción de capacidades digitales para mujeres y niñas;
• Avanzar al reconocimiento de las redes comunitarias como parte del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas
• Respeto de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en las iniciativas regulatorias sobre tecnologías digitales;
• Fomento de la participación de todas las partes interesadas en la toma de decisiones sobre sistemas de inteligencia artificial durante todo su ciclo vital, desde el diseño hasta el desarrollo e implementación de estos, y
• Fortalecimiento del  modelo de gobernanza multilateral.

Puedes leer el primer borrador del Pacto Digital Mundial que fue publicado el pasado abril. Seguimos atentas al desarrollo de este proceso y esperando con expectación la llegada de septiembre, momento en que los Estados Miembros demostrarán su verdadero compromiso con el respeto de los derechos humanos en entornos digitales. Como siempre, desde la sociedad civil estaremos vigilando que esto sea así, y de esta forma aportar al disfrute pleno de internet para todas.

Encontrar lo bueno en la primera resolución de la Asamblea General de la ONU sobre inteligencia artificial

Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentra Derechos Digitales, celebramos la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) liderada por los Estados Unidos de “Aprovechar las oportunidades de sistemas de inteligencia artificial seguros y confiables para el desarrollo sostenible”.

Sin embargo, en el análisis del documento, hemos encontrado algunos problemas, que consideramos de urgente análisis y solución.  
Los párrafos que piden cerrar la brecha digital simplemente se formulan como si exigieran “alianzas más sólidas”, cuando son urgentes mayores compromisos, incluso en relación con la financiación.

En la declaración se identifican problemas en relación con la superación de la brecha digital, estándares diferenciados para el ámbito militar, la gobernanza sin garantías de participación multisectorial e inclusión, y la integración de principios.

Si bien la resolución se centra en el impacto de algunas tecnologías no incluye una dimensión integral de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para la protección de los derechos humanos.

El documento completo puede leerse aquí.

La declaración completa en español puede leerse aquí.

Derechos Humanos y tecnologías en contexto de protestas: preguntas frecuentes, y recursos útiles

CC:BY (Gilda Martini)

En diciembre pasado, luego de la asunción y los primeros anuncios del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, sucedieron diversas manifestaciones espontáneas donde participaron miles de argentinos en rechazo al mega decreto que desregula varias de las actividades económicas y establece nuevas normas sociales.

En esa ocasión, las tecnologías fueron utilizadas con finalidades represivas, como se puede leer en la columna publicada en nuestro sitio web.  Allí se menciona el llamado “Protocolo antipiquetes”, un documento para controlar la protesta y que menciona la utilización de distintas tecnologías de vigilancia con el objetivo de identificar manifestantes.

El protocolo maneja datos personales, y reconocimiento facial, además de diversas formas de identificación de las y los manifestantes.

Frente a la actual realidad que vive el país, juntamos una serie de recursos y recomendaciones para garantizar que la protesta – en línea y fuera de línea – en América Latina sea más segura, así como informaciones sobre cómo obtener apoyo para movilizar resistencias o en caso de ataques.

¿Cómo proteger mi actividad en redes?

La organización Cultivando Género  ha realizado una lista de medidas que pueden ayudar a mantener las redes sociales libres de ataques e intrusiones indebidas. Una de las principales recomendaciones es revisar contraseñas y aquí hemos discutido el tema con la activista Steffania Paola, quien ofrece orientaciones sobre como asegurarse de la contraseña que estás utilizando es segura.

Otra recomendación para evitar que tus cuentas sean clonadas por terceros que eventualmente quieran suplantar tu identidad es activar la “autenticación de dos factores” (en inglés 2FA), que ofrece una capa de protección adicional mediante una aplicación o un código PIN. Aquí, TEDIC ha reunido más información sobre qué es y como activar la autenticación de dos factores.

En esta columna de 2020, la investigadora y activista brasileña Narrira Lemos ha reunido algunas recomendaciones adicionales sobre ataques comunes y como evitarlos.

La guía de La Guía de Protesta es una campaña de ADC que intenta concientizar sobre las herramientas tecnológicas que las fuerzas de seguridad podrían utilizar para monitorear e identificar personas en una protesta.

Además, con la herramienta MicroSD, de Derechos Digitales, puedes conocer mucho más sobre como proteger tu información y la de terceros en distintos contextos relacionados al ejercicio del periodismo y la comunicación digital. Sistematizamos también en esta publicación, a raíz del estallido social en Chile, algunas recomendaciones específicas para medios independientes.

¿Cómo uso mis dispositivos durante las protestas?

En Derechos Digitales hemos reunido en este post algunas orientaciones y herramientas para mejorar la seguridad de las personas que se encuentran en situaciones de conflicto y/o participan en protestas sociales en América Latina.

¿Cómo puedo movilizar mi comunidad para frenar intentos de restringir derechos digitales?

En contextos de protestas, activismo y restricción de derechos, son muchas las organizaciones que necesitan apoyo para movilizarse y responder con agilidad a los desafíos contingentes. Es por eso que, desde Derechos Digitales, contamos con el Fondo de Respuesta Rápida, una iniciativa que está destinada a atender emergencias que no pueden esperar.

Su función es contribuir a un ecosistema digital libre y abierto, mediante la asignación de pequeñas sumas de dinero para la realización de actividades tales como participación en discusiones sobre políticas públicas, acciones de incidencia y desarrollo de investigación, en circunstancias de urgencia. La convocatoria está abierta permanentemente.

¿Qué hacer si sufro un ataque?

Caso creas que has sido víctima de algún ataque digital, aquí puedes encontrar un kit de primeros auxilios digitales con orientaciones específicas para distintos casos y contactos de organizaciones que pueden ofrecerte soporte. Si ejerces algún activismo en defensa de los derechos humanos de manera independiente o junto a algún medio u organización, también puedes escribir a laredd@derechosdigitales.org  consultando por información específica

LACIGF 2023: caminos para recorrer, participar y celebrar

Foto tomada de https://twitter.com/lacigf

Los pasados 4 y 5 de diciembre, se realizó la edición 16, del Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe (LACIGF), en  la Universidad del Externado de Colombia, de modo presencial y por medio de Zoom y Youtube en modalidad virtual.   

Luego de realizarse durante tres años consecutivos de manera virtual, debido a la situación internacional de pandemia, este año el LACIGF retomó su modalidad presencial, recibiendo asistentes de toda la región.

El foro es el principal espacio de discusión de múltiples partes interesadas en temas de gobernanza de internet en América Latina y este año tuvo como temas centrales la gobernanza de los datos y confianza, las políticas e iniciativas Políticas e iniciativas para la universalización del acceso y la promoción del talento y habilidades digitales - Inclusión y brecha digital. Se realizaron sesiones y paneles sobre estos temas, además de conversar sobre Inteligencia Artificial y tecnologías emergentes, ciberseguridad, gobernanza y cooperación digital mundial. Se trabajó también en conjunto en la creación de nuevos estatutos para LACIGF, los comités interseccionales.

Todo en la búsqueda de un mejor funcionamiento, una gobernanza de internet más justa y que evite la fragmentación.

La última edición de LACIGF ha reflejado la diversidad de perspectivas e intereses alrededor de temas de políticas de tecnología. LACIGF es un claro ejemplo de discusiones regionales que convocan a muchas personas y organizaciones de América Latina y el Caribe. 

  Entre las participaciones podemos mencionar a los gobiernos de Chile y Costa Rica que estuvieron representados por integrantes de ministerios y congresistas, la academia con docentes y educadoras/es, la sociedad civil con organizaciones como Derechos Digitales y APC (Asociación para el Progreso de las Comunicaciones) y la comunidad técnica con ICANN y LACNIC. Estos últimos, además organizaron una sesión en el día 0, el 3 de diciembre. 

María Encalada, miembro del Youth LACIGF, y una de las representantes de Derechos Digitales en el Foro, nos comentó a propósito de las participaciones que: “Colnodo, actual responsable del secretariado de LACIGF comentó en el inicio del día sobre la gestión lograda para la participación de personas de diferentes partes de la región y de proyectos de redes comunitarias de Colombia. Se dio paso a comunidades rurales y campesinas que ven en la tecnología una barrera más para mejorar su calidad de vida, así como una gran brecha de conocimiento al estar en condiciones diferentes para hablar sobre la gobernanza. Sus preocupaciones se encuentran aún en el acceso y uso, mientras que otros actores están en discusiones que abordan la ética y la reglamentación de las TICs.”

Desde Derechos Digitales, participamos del encuentro integrando el comité de programa, apoyando la realización del evento, durante los meses previous al foro. Asistieron tres representantes de diferentes equipos de la organización:  nuestra Analista de tecnología, María Encalada, Lucía Camacho, Coordinadora de Políticas Públicas y Alejandra Erramuspe consultora de la organización.

El camino se está recorriendo y es digno de celebración. Es fundamental que se continue incluyendo diferentes perspectivas y contextos en las discusiones regionales de cara a las globales. 

Esperamos desde nuestro lugar seguir contribuyendo a la realización del LACIGF y al avance de las discusiones sobre gobernanza de internet desde América Latina y el Caribe.

Uruguay: Nueva ley pone en riesgo la continuidad de Spotify, pero evade discusiones más profundas sobre retribuciones justas y acceso a la cultura

Por Ileana Silva

Ilustración: @uruguay.noma

Desde hace unas semanas, la conversación en Uruguay ronda un tema: la retirada de Spotify de país. 

En un email que envió a todas las personas suscritas al servicio en Uruguay, la empresa declaró que se retirará “gradualmente” debido a la aprobación de 3 artículos en la ley de Rendición de Cuentas, que “incluye cambios drásticos en la forma en que funciona la música en el país”.  Los artículos son el 329, 330 y 332, que modifican la ley 9739 de derechos de autor de Uruguay, del año 1937, y su ley modificatoria 17616, del año 2003.

Los tres artículos mencionados cambian la manera en que se compensa a intérpretes y ejecutantes por el uso de obras en internet. Para una empresa como Spotify, esto podría significar tener que pagar por el uso de la música en la plataforma. De ahí la amenaza de cesar su servicio en Uruguay.

Spotify debería pagar más a los músicos, compositores e intérpretes. La Alianza Latinoamericana por el Acceso Justo al Conocimiento, de la que formamos parte, recientemente presentó un documento en apoyo a la remuneración justa a artistas por parte de las grandes plataformas. Sin embargo, las recientes modificación a la ley de derechos de autor uruguaya tiene otras aristas muchísimo más problemáticas que poco tienen que ver con la partida o permanencia de Spotify en el país, y que pasaron desapercibidas mientras la atención se concentra en la decisión de la compañía sueca.

Como explicó la organización uruguaya Datysoc en sus redes sociales, el artículo 329 introduce el derecho del intérprete de una obra literaria o musical a exigir una retribución por su interpretación, cuando esta sea difundida o retransmitida por internet o redes digitales de cualquier tipo.

Por su parte, el artículo 330 introduce un principio irrenunciable de remuneración “justa y equitativa” para intérpretes y ejecutantes. Al mismo tiempo, otorga a las entidades de gestión colectiva la potestad exclusiva de cobrar dicha remuneración.

Finalmente, el artículo 332 establece que serán las entidades de gestión colectiva las encargadas de cobrar los pagos irrenunciables por concepto de derechos de comunicación al público de compositores, directores y guionistas.

En resumen, las modificaciones introducen una compensación irrenunciable para interpretes y ejecutantes por el uso de sus interpretaciones en internet y le otorga a las sociedades de gestión coletiva el derecho exclusivo de cobrar dichas remuneraciones.

En Uruguay existen dos sociedades de gestión de derechos de autor e intérpretes: SUDEI (Sociedad Uruguaya de Artistas Interpretes) y AGADU (Asociación General de Autores Del Uruguay).  Ambas buscan desde hace años que los cobros de derechos de autor y derechos conexos sean irrenunciables y que la gestión colectiva sea obligatoria. Son las grandes beneficiadas por la nueva ley, porque ganan el derecho de cobrar en cualquier circunstancia. Puesto que las modificaciones a la ley no considera excepciones de ningún tipo, las plataformas educativas, los repositorios digitales y otros sitios web culturales sin fines de lucro tienen las mismas obligaciones que Spotify. Queda al árbitro de las entidades determinar cuánto y cómo cobra, y si realiza alguna distintinción por el tamaño de la plataforma, el tipo de contenido que utiliza y cuál es su modelo de negocio.

La nueva ley también dificulta la utilización de modelos “alternativos” y complementarios al copyright (o “todos los derechos reservados”), por ejemplo, las obras licenciadas con Creative Commons, pues el cobro obligatorio impide que sea el titular de los derechos quien decida bajo qué circunstancias puede ser utilizada su obra.

La atención, sin embargo, sigue sobre Spotify que, a través de diferentes formas de presión, ha posicionado la discusión al interior del gobierno, reuniéndose incluso con el presidente, Luis Lacalle Pou. En esa reunión acordaron redactar un nuevo decreto, que establece que serán las compañías discográficas y los titulares de los derechos de las grabaciones los encargadas de redistribuir los pagos que ya reciben de Spotify. Así, el modelo de negocio de la compañía se mantiene inalterado, asegurando su permanencia en el país.

Resuelto el problema con Spotify, se siguen evadiendo discusiones profundas y necesarias: cómo mejorar la remuneración de artistas en internet y cómo promover el derecho de todas las personas a la educación y al acceso a la cultura. Los problemas desatados por modificaciones legales poco precisas sobre actores pequeños, con escaso poder de lobby, pero que cumplen un rol fundamental, como las plataformas educativas y culturales sin fines de lucro, siguen sin resolverse.

Actualización 20/12:

Spotify anunció que finalmente mantendrá su servicio en Uruguay, luego de que el Gobierno firmara un decreto reglamentario que aclara que “los titulares de derechos son responsables de garantizar que los artistas sean remunerados de manera justa, en lugar de exigir que Spotify pague varias veces por el mismo contenido”, indicaron en un comunicado. fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2023/12/12/spotify-anuncia-se-queda-en-uruguay-orix/

Chile: Comisión contra la Desinformación entrega reporte con recomendaciones de política pública

El pasado lunes 4 de diciembre, la Comisión contra la Desinformación entregó su segundo reporte, que comprende 72 recomendaciones para hacer frente a este fenómeno en plataformas digitales de redes sociales.

La comisión es una iniciativa impulsada por el gobierno de Chile, con el objetivo de asesorar al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y a la Ministra Secretaria General de Gobierno respecto del estudio y análisis de la desinformación. Está compuesta por nueve especialistas provenientes de la academia y la sociedad civil, entre los que se encuentra J. Carlos Lara, codirector ejecutivo de Derechos Digitales.

De acuerdo a su decreto de creación, la comisión debía producir dos reportes. El primero, un estado actual del fenómeno de la desinformación en el país. El segundo y último, presentado esta semana, es producto de tres meses de análisis de experiencias internacionales y consultas con especialista, a partir de lo cual se realizaron orientaciones para la formulación de políticas públicas.

Las recomendaciones están basadas en “los principios de transparencia, de rendición de cuentas, protección de derechos humanos, la protección de la integridad informativa y la colaboración internacional”, reconociendo la complejidad del fenómenos y la necesidad de mantener un espacio cívico abierto y resiliente.

Las orientaciones se dividen en distintas categorías, incluyendo investigación, alfabetización mediática, informacional y digital, la desinformación asociada a procesos electorales, consideraciones de ciberseguridad, situaciones de crisis y desastres, salud pública, orientaciones en materia de género y el fortalecimiento de los medios de comunicación.

Algunas de las recomendaciones incluidas apuntan a mayor transparencia en los mecanismos o sistemas de moderación de contenidos; mayor fiscalización sobre el avisaje político y electoral publicado en redes sociales; apoyo estatal para estudio del fenómeno; y la coordinación entre instituciones de ciberseguridad y plataformas.

Desde Derechos Digitales esperamos que el reporte —construido desde una perspectiva interdisciplinar y de múltiples partes interesadas— sea un insumo a un debate serio y basado en evidencia en torno al fenómenos de la desinformación, que permita a Chile avanzar en la defensa y promoción de los derechos humanos en línea.

El reporte está disponible aquí.

¿Te interesa la discusión sobre desinformación? Chequea también “Elecciones, derechos digitales y desinformación: desafíos y aprendizajes a partir de la experiencia brasileña en 2022”, investigación de Derechos Digitales recientemente publicada en castellano y portugués.  

Elecciones, derechos digitales y desinformación: desafíos y aprendizajes a partir de la experiencia brasileña en 2022

CC:BY (Gilda Martini)

Ya está disponible “Elecciones, derechos digitales y desinformación: desafíos y aprendizajes a partir de la experiencia brasileña en 2022”, una publicación que analiza las especificidades del ecosistema de desinformación en las últimas elecciones presidenciales de Brasil, buscando ofrecer recomendaciones para otros países de la región que enfrenten esta problemática. El estudio fue realizado por la investigadora y docente brasileña, dra. Anna Bentes, quien fue investigadora visitante en Derechos Digitales entre noviembre de 2022 y mayo de 2023.

Bentes, considera este caso de estudio es “útil para extraer algunas de las lecciones sobre la lucha contra la desinformación, con el fin de contribuir a la profundización de reflexiones críticas sobre el papel de las tecnologías en el contexto electoral en otros países”.

A partir de un análisis documental de fuentes públicas oficiales y de entrevistas con profesionales de distintas áreas y sectores, el informe presenta un análisis cualitativo sobre tres ejes de discusión en torno al ecosistema de la desinformación: el contexto tecnopolítico brasileño de 2018 a 2022; la regulación, derechos y Justicia Electoral; y plataformas digitales y el ecosistema de la desinformación.

“La desinformación es una cuestión global, que involucra la infraestructura de las plataformas digitales a escala mundial, pero que adquiere contornos particulares en las coyunturas locales”, resalta la autora". El informe es una contribución a la reflexión, sobre todo desde América Latina y el sur global, aportando recursos sobre cuestiones normativas, acciones de plataformas y autoridades, así como iniciativas de la sociedad civil.

“Los efectos de la desinformación sistemática pueden debilitar la democracia y favorecer rupturas políticas e institucionales, pero no podemos buscar soluciones simples a un problema complejo”, apunta una de las conclusiones.

El informe se encuentra disponible en castellano y portugués.

#16días: Navegar juntas, seguras y valientes

Entrevista a Kate Tejada Flores

CC:BY (Gilda Martini)

Kate Tejada es peruana, ciberfeminista, directora de Ser Valiente en Red y participante del programa de pasantías para la Seguridad y resiliencia digital en América Latina de Derechos Digitales.

En su trabajo con juventudes, apunta a la necesidad de superar perspectivas punitivistas y adultocentristas y hacer de los niños, niñas y adolescentes partícipes de un proceso de cambio. “El ciberespacio se ha vuelto un lugar donde las mujeres seguimos siendo violentadas. Hay fuerte misoginia y pasamos de tener miedo, a alzar la voz. Y siempre podemos apoyarnos en las redes que tenemos”, opina.

Durante la campaña #16días de activismo contra la violencia de género, la entrevistamos para conocer más de su trabajo y del contexto peruano.

Derechos Digitales: ¿Cómo es ser ciberfeminista en Perú?

Kate: Catalogarnos como ciberfeministas siempre es un reto. Es una rama de nuestro activismo aún poco conocida aquí en Perú, pero debido a las maneras en que nos empiezan a violentar dentro de las redes se ubica cada vez más como tema principal dentro de nuestros espacios. El ciberfeminismo trata de discutir el ciberespacio y desarrollar estrategias para un mayor autocuidado.

En Perú, como en toda Latinoamérica, cuando alzamos la voz como ciberfeministas, muchas veces intentan desacreditarnos, nos tildan de “feminazis”. Cuando hacemos alguna campaña en contra de la desinformación, por cualquier tipo de coyuntura que esté pasando, suele suceder esto.

Aunque se trate de una rama nueva del movimiento, está llamando mucho la atención por las necesidades que estamos pasando como activistas.

DD: ¿Identificas que hay carencias, tanto a nivel educativo, como a nivel público vinculadas a los cuidados frente a la violencia de género digital?

K: Sí. Vemos, por ejemplo, que mientras se multiplican nuevas situaciones de violencia de género digital en Perú, docentes no han sabido cómo abordarlas. Muchas veces se adopta una visión punitiva, tratando simplemente de crear protocolos, como retirarles las tecnologías a les adolescentes, y pensar que así ya no habrá más de estos casos.

DD: ¿Cuáles son las situaciones que han estado ocurriendo?

K: En su mayoría la difusión de imágenes íntimas de manera no consentida, o últimamente, algo que se ha visto es la creación de imágenes íntimas de adolescentes con auxilio de inteligencia artificial. Esto pasó por ejemplo en un colegio de la localidad de Chorrillos, Lima. Y posiblemente sea por esto que tomó un poco de atención dentro de los medios de comunicación, para discutirlo.

Cuando ocurren episodios así, los medios normalmente llaman a especialistas como psicólogos o docentes que traen este enfoque punitivista de que a los jóvenes se les restrinja el uso de las tecnologías. Esa es normalmente la única solución propuesta en los medios masivos, sin mayor reflexión. Nunca se les consulta a les alumnes el por qué lo habían hecho, o se les explica qué es lo que estaban ignorando al realizar algunas de esas acciones.

Ese tipo de abordaje no tiene un enfoque integrado de seguridad digital. Se piensa que quitar los dispositivos puede solucionar el problema. No hay mayor avance al respecto.

DD: ¿Qué es “Ser valiente en red”, la colectiva que integras?

K: “Ser valiente en red” es una colectiva feminista que trabaja en cuidados digitales, en general y casos de violencia de género digital. También trabajamos desinformación en plataformas de redes sociales. Somos un equipo con alcance regional, tenemos voluntarias en países fuera de Perú, y debido a esto, también participamos en redes de activismo por el derecho a decidir.

Personalmente, me encargo de facilitar espacios, de hacer conexiones con otras colectivas y generar colaboraciones también para realizar actividades.

DD: ¿Qué tipo de actividades hacen?

K: Tenemos dos líneas: una de ellas busca generar contenido en redes sociales, por ejemplo, cuando hay algún hecho de desinformación o transgresión de derechos humanos en los medios de comunicación. Es un equipo que genera un contenido reflexivo, pero también con herramientas.

La segunda es la línea de incidencia que se enfoca en brindar talleres: en línea durante la pandemia (porque nosotras nacemos en pandemia) y de manera presencial estos últimos años. Son talleres de prevención de violencia de género digital en colegios que buscan dar distintos tipos de orientación y hacer un acompañamiento integral. También hemos realizado conversatorios, en temas de coyuntura. Nos hemos formado como acompañantes para realizar denuncias en redes sociales y hemos sido citadas como referencia de información veraz en los tiempos de manifestaciones por vulneración de derechos humanos. Siempre tratamos de que haya alguien del enfoque de seguridad digital en todos los procesos en que participamos.

Este 2023, hemos iniciado una campaña de educación sexual integral digital y hemos hecho talleres de generación de nuevas masculinidades en red. Han sido muy exitosos, porque los adolescentes son los más interesados en saber cómo gozar sus tecnologías de forma segura.

DD: Si pensamos en cuidados digitales para niñeces y adolescencias, ¿cómo podemos potenciarlos? Según tu experiencia, ¿qué es lo mejor?

K: En cuidados digitales, con nuestra experiencia con niños y adolescentes también con adultos, uno de los primeros pasos es verificar qué necesidades de información pueden tener al respecto. Porque muchas veces pueden conocer conceptos o tipos de violencia digital, pero no le ponen un nombre. Nosotras creemos que si lo nombramos existe y en casos como grooming[Autor des1] [1], o cualquier otro tipo de violencia digital, podemos sensibilizar al respecto de la problemática. Una vez que logramos esto, podemos iniciar talleres de incidencia en temas de cuidados digitales, en protección de derechos digitales, también dentro de plataformas. Es importante abordarlo dentro de estos pasos, para que el proceso sea más factible.

En cuanto al trabajo con adolescentes, nos llamó mucho la atención el interés por estas temáticas. En talleres más generales, de seguridad digital vimos un público más femenino, de adolescentes que querían cuidarse en el uso de las tecnologías. Pero en talleres sobre tipos de violencia digital, el mayor interés fue de los adolescentes, una vez, por ejemplo, tuvimos una participación entera de niños varones.

DD: ¿Cuál piensas que es el mayor desafío frente a la violencia de género digital?

K: El ciberespacio se ha vuelto un lugar donde las mujeres seguimos siendo violentadas. Hay una fuerte misoginia y pasamos de tener miedo, a alzar la voz. Y siempre podemos apoyarnos en nuestras redes.

Yo creería personalmente que, para trabajar con niños y adolescentes, un desafío que persiste es hacerlos partícipes de este cambio. Evitar caer en posturas adultocentristas, porque muchas veces esto los aleja. Es importante que se sientan parte del cambio, para así poder impulsar lo que queremos lograr dentro de las plataformas: que sean más seguras, que con toda la información que puedan tener, pueden tomar decisiones sobre su uso y también que se puedan disfrutarlas al máximo.

[1] Se llama grooming al acoso sexual virtual que se realiza a un menor de edad. Se trata de acciones intencionales desarrolladas por un adulto para establecer un vínculo con un menor con una intención sexual. (https://definicion.de/grooming/)

#16días de activismo contra la violencia de género

16 días de activismo contra la violencia de género es una campaña internacional que se celebra cada año. Comienza el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y va hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

La campaña juega un papel crucial en aumentar la conciencia sobre la violencia de género y en impulsar cambios en políticas y prácticas a nivel mundial.

El tema de este año es “¡ÚNETE! Invierte para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas” y hace un llamado a la ciudadanía para que se sume en difundir y demostrar lo importante que es erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. El llamado es a compartir acciones que diferentes organizaciones y gobiernos están llevando a cabo para crear un mundo sin violencia contra las mujeres.

En Derechos Digitales nos sumamos a la campaña resaltando iniciativas y recursos que buscan poner un fin a la violencia de género facilitada por las tecnologías. Para nosotras, este tipo de violencia no está desconectado a otras formas de violencia de género, pero requiere una atención diferenciada por parte de los Estados. 

En los próximos 16 días compartiremos más sobre cómo la violencia digital se expande hacia nuevos espacios, donde se replican la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres y personas LGBTQIA+ en distintos ámbitos de su vida. Entre sus particularidades están la rápida expansión, su replicabilidad, alcance global, la fácil localización de las personas o información sobre ellas, y el uso de perfiles falsos para perpetrar agresiones.

Invitamos a que durante los próximos 16 días nos acompañen para conocer acciones e iniciativas que buscan identificar, prevenir, acompañar, y denunciar la violencia de género digital.

El HLAB y cómo darles el poder de definir las soluciones a quienes generan los problemas

Por Juan Carlos Lara

El Secretario General de la ONU, Antonio Gutérres, anunció el 26 de octubre a las y los miembros del “Órgano Asesor sobre Inteligencia Artificial” (HLAB, por su sigla en inglés), un conjunto de personas expertas de todo el mundo (que incluyen al “Tech Envoy” de la ONU, Amandeep Singh Gill) reunidas para asistir a los riesgos, las oportunidades y la gobernanza internacional de estas tecnologías. Todo esto, en el marco de la implementación de la Hoja de ruta para la cooperación digital.

La noticia de la composición del Órgano Asesor llega varios meses después de su anuncio inicial. El órgano debe publicar un informe preliminar durante 2023, presentando un análisis de alto nivel con opciones para la gobernanza internacional de la inteligencia artificial, y un informe final con recomendaciones en agosto de 2024.

Desde Derechos Digitales, la noticia de la composición del Órgano llega con algo de sorpresa, dados los frecuentes llamados de atención dirigidos a las Naciones Unidas para una representación y una participación amplias para la sociedad civil, en especial de la Mayoría Global, en espacios de influencia para la decisión. Aun cuando el cuerpo tiene una importante participación de destacadas miembros de la academia, vemos con estupor que hay más representantes de empresas que de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Ese desbalance tiene consecuencias, pues pone en una posición de asesoría de alto nivel a las mismas empresas cuyos productos serán objeto de recomendaciones. Esto equivale a darles el poder de definir las soluciones a quienes generan los problemas, y a dejar que quienes más aprovechan los beneficios económicos de la IA se conviertan en quienes fijan sus pautas de comportamiento, aplicables también a sus competidoras actuales y potenciales.

A la vez, la bajísima presencia de representantes de la sociedad civil global pone en entredicho la capacidad de equilibrar distintos intereses para asegurar que el desarrollo futuro de la IA no sea solamente una noción amplia del bien común, sino la defensa activa de los derechos humanos a nivel individual y colectivo.